sábado, 20 de febrero de 2010
miércoles, 24 de junio de 2009
PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Diputados, científicos y académicos rechazaron el planteamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de privatizar la educación media y superior, pues advirtieron que es un viejo proyecto que hoy se pone de nueva cuenta en el debate, pues ya se avizora un jugoso negocio en miles de jóvenes que buscan ingresar a esos niveles. Además, señalaron que el esquema privatizador actual sólo ha servido para crear miles de “escuelas patito” y hacer “fraude” con la enseñanza de los mexicanos.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Francisco Castellón, alertó también que el planteamiento de este organismo es un llamado para que la UNAM, que es la principal casa de estudios del país, y es pública y gratuita, “no siga siendo un proyecto de la nación, del pueblo”. Por ello, expresó, es necesario blindarla contra ese tipo de presiones.
Recordó que en los años 90 se agudizó la asfixia presupuestal de las universidades públicas, por lo que no pudieron aumentar sus espacios y esto dio origen a miles de escuelas particulares. Esto trajo como consecuencia un fenómeno que ni siquiera los tecnócratas supusieron: escuelas patito, nula calidad y fraude educativo.
Como ningún funcionario gubernamental se atreve a plantear abiertamente la privatización, alguien tenía que hacerlo y fue la OCDE, apuntó. Pero a contracorriente de ese organismo, el planteamiento en el que coinciden los diversos actores es en fortalecer el proyecto público en su infraestructura, expansión, matrícula, formación docente, entre otros, añadió.
Por otro lado, llamó la atención en el hecho de que la OCDE hable de la necesidad de replantear el modelo educativo y “no toque ni con el pétalo de una rosa” al sindicato de maestros encabezado por Elba Esther Gordillo.
Por su parte, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Juan Pedro Laclette, enfatizó que el desarrollo histórico de México “no permite pensar en un esquema amplio de privatización en todos los niveles”.
Recordó que el argumento de la OCDE con relación a la UNAM sostenía que dicha casa de estudios era difícil de manejar por su tamaño y, por lo tanto, debía fragmentarse. “Es una visión que no entiende el origen que justifican las características que hacen a la UNAM y le dan una identidad original de universidad de masas con vocación de excelencia”. Así, expresó su desacuerdo en que el planteamiento privatizador de la organización internacional se tome en cuenta para cambiar la brújula en el sistema de enseñanza del país.
La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Silvia Luna, manifestó que ya la historia de México ha demostrado que hacer de la educación un privilegio “lo único que hará es retrasarnos más siglos” en relación con otras naciones.
Entrevistados en el contexto de la feria de ciencia y tecnología, dijo que privatizar no puede ser la solución: “No puede ser que el bien más preciado en la era del conocimiento, que es la formación de recursos humanos, lo vayamos a convertir en una situación de elite”.
Destacó que una gran cantidad de jóvenes no asisten al bachillerato y otros tantos emigran a Estados Unidos. Así, sostuvo que la propuesta de la OCDE sería un “retroceso histórico” en un país que ya superó el debate sobre la privatización.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Francisco Castellón, alertó también que el planteamiento de este organismo es un llamado para que la UNAM, que es la principal casa de estudios del país, y es pública y gratuita, “no siga siendo un proyecto de la nación, del pueblo”. Por ello, expresó, es necesario blindarla contra ese tipo de presiones.
Recordó que en los años 90 se agudizó la asfixia presupuestal de las universidades públicas, por lo que no pudieron aumentar sus espacios y esto dio origen a miles de escuelas particulares. Esto trajo como consecuencia un fenómeno que ni siquiera los tecnócratas supusieron: escuelas patito, nula calidad y fraude educativo.
Como ningún funcionario gubernamental se atreve a plantear abiertamente la privatización, alguien tenía que hacerlo y fue la OCDE, apuntó. Pero a contracorriente de ese organismo, el planteamiento en el que coinciden los diversos actores es en fortalecer el proyecto público en su infraestructura, expansión, matrícula, formación docente, entre otros, añadió.
Por otro lado, llamó la atención en el hecho de que la OCDE hable de la necesidad de replantear el modelo educativo y “no toque ni con el pétalo de una rosa” al sindicato de maestros encabezado por Elba Esther Gordillo.
Por su parte, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Juan Pedro Laclette, enfatizó que el desarrollo histórico de México “no permite pensar en un esquema amplio de privatización en todos los niveles”.
Recordó que el argumento de la OCDE con relación a la UNAM sostenía que dicha casa de estudios era difícil de manejar por su tamaño y, por lo tanto, debía fragmentarse. “Es una visión que no entiende el origen que justifican las características que hacen a la UNAM y le dan una identidad original de universidad de masas con vocación de excelencia”. Así, expresó su desacuerdo en que el planteamiento privatizador de la organización internacional se tome en cuenta para cambiar la brújula en el sistema de enseñanza del país.
La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Silvia Luna, manifestó que ya la historia de México ha demostrado que hacer de la educación un privilegio “lo único que hará es retrasarnos más siglos” en relación con otras naciones.
Entrevistados en el contexto de la feria de ciencia y tecnología, dijo que privatizar no puede ser la solución: “No puede ser que el bien más preciado en la era del conocimiento, que es la formación de recursos humanos, lo vayamos a convertir en una situación de elite”.
Destacó que una gran cantidad de jóvenes no asisten al bachillerato y otros tantos emigran a Estados Unidos. Así, sostuvo que la propuesta de la OCDE sería un “retroceso histórico” en un país que ya superó el debate sobre la privatización.
CONCLUSIÓN DE EQUIPO: Aunque sea
referencia obligada incluso para las instituciones oficiales, lo cierto y verdad es que
tanto gobierno como oposición pasan de puntillas sobre el asunto porque, en el fondo,
todos aceptan la extensión de conciertos y subvenciones en la enseñanza privada como
un hecho irreversible sobre el que no cabe otra cosa que proponer ciertas medidas de
“control democrático”
referencia obligada incluso para las instituciones oficiales, lo cierto y verdad es que
tanto gobierno como oposición pasan de puntillas sobre el asunto porque, en el fondo,
todos aceptan la extensión de conciertos y subvenciones en la enseñanza privada como
un hecho irreversible sobre el que no cabe otra cosa que proponer ciertas medidas de
“control democrático”
PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD
En la primera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud el secretario de ese sector anunció muy ufano que, "dado que la ley no lo prohíbe, una de las principales herramientas del sexenio será ampliar la cobertura del Seguro Popular a través de la contratación de servicios médicos en las zonas de más alta marginación donde no existe infraestructura del sector salud".
Por lo visto es verdaderamente lamentable el desconocimiento que también este secretario de Salud tiene de la realidad de nuestro país y que, de una manera burda, trate de subvencionar a los hospitales privados y genere la expectativa de que cualquiera, quién sabe con qué requisitos, puede abrir un comercio para atender a los que menos tienen, sobre todo en las zonas más pobres y marginadas.
Han sido muchos especialistas en el tema quienes han denunciado que el Seguro Popular vulnera al sistema de salud del Estado, el cual ha costado muchos años de esfuerzos para desarrollarlo. A partir del sexenio pasado, con la propuesta clara de que no creciera, se le empezó a limitar recursos, sobre todo al IMSS y al ISSSTE, para de esta manera dar rienda suelta al financiamiento privado de la salud.
El programa del Seguro Popular, que en la propuesta del Ejecutivo en el ramo 12 crece más de 20%, en caso de aprobarse manejará más de 60% del presupuesto de la Secretaría de Salud y actualmente es un monstruo burocrático, con cerca de 10 direcciones generales y casi el doble de direcciones de área. Además, en el proyecto de presupuesto también se le asignan recursos del ramo 33 y del Fondo de Gastos Catastróficos. Es decir, como nunca antes en nuestro país, hoy se maneja un programa gubernamental con la discrecionalidad como éste del Seguro Popular.
Por los recursos que maneja y el número de familias involucradas, que según dicen son más de 5 millones en todo el país, es de enorme importancia la difusión amplia de sus reglas de operación para atender efectivamente a las necesidades de esta parte de la población en materia de salud, así como también es importante cumplir puntualmente con la rendición de cuentas a la sociedad y a la Cámara de Diputados. Esperemos que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión a fondo de este programa, que está llamado a ser el más importante por los recursos asignados por la actual administración federal.
Lo que resalta del planteamiento del secretario de Salud es su satisfacción con poder otorgarles recursos públicos a particulares en lugar de canalizarlos a las instituciones públicas, como debería ser. Tanto al IMSS como al ISSSTE se les está dejando sin recursos no sólo para contar con las mínimas condiciones para atender a la población del Seguro Popular, sino que no tienen los recursos suficientes para sus asegurados, como con mucha razón lo denuncia el sindicato del IMSS.
El secretario de Salud por lo visto gusta de declaraciones grandilocuentes. En la citada reunión del Consejo Nacional también dijo que buscará mecanismos para que se capacite a enfermeras y parteras que también atiendan las demandas del Seguro Popular y que buscará incentivar a los profesionales para que asistan a las áreas más alejadas.
¿Dónde quedó el programa IMSS-Solidaridad, rebautizado IMSS-Oportunidades, que supuestamente se ocupaba del sector más pobre del país? Lo están borrando de un plumazo. Por eso, afirmar que ahora el IMSS va a atender a los tarjetahabientes del Seguro Popular es una enorme irresponsabilidad, ya que no se le está proveyendo con los recursos necesarios para hacerlo.
Los funcionarios recién designados están muy contentos con comprar servicios médicos privados, tal como ya lo están haciendo desde el sexenio pasado en varios estados. Sería muy conveniente que se diera a conocer cómo están funcionando y quiénes son los beneficiados últimos de esta embestida privatizadora, pues hasta el momento no se conoce ninguna información.
La Cámara de Diputados debe ver con cuidado a quién se le otorgan estos recursos y, en el caso de que se apruebe, poner los candados necesarios para evitar desviaciones y sobre todo el enriquecimiento de unos cuantos vivales. Los diputados federales deberán dotar a las instituciones públicas de salud del país con recursos suficientes para remontar la penuria en la que se encuentran. El riesgo de continuar con el esquema planteado por los gobiernos panistas es seguir manejándolo de manera clientelar y con mínimos controles.
Hasta la fecha el Seguro Popular sigue la máxima de ser un programa rico en recursos, de servicios pobres y con resultados paupérrimos. Una vez más los que más sufren de esto son los pobres de este país.
Por lo visto es verdaderamente lamentable el desconocimiento que también este secretario de Salud tiene de la realidad de nuestro país y que, de una manera burda, trate de subvencionar a los hospitales privados y genere la expectativa de que cualquiera, quién sabe con qué requisitos, puede abrir un comercio para atender a los que menos tienen, sobre todo en las zonas más pobres y marginadas.
Han sido muchos especialistas en el tema quienes han denunciado que el Seguro Popular vulnera al sistema de salud del Estado, el cual ha costado muchos años de esfuerzos para desarrollarlo. A partir del sexenio pasado, con la propuesta clara de que no creciera, se le empezó a limitar recursos, sobre todo al IMSS y al ISSSTE, para de esta manera dar rienda suelta al financiamiento privado de la salud.
El programa del Seguro Popular, que en la propuesta del Ejecutivo en el ramo 12 crece más de 20%, en caso de aprobarse manejará más de 60% del presupuesto de la Secretaría de Salud y actualmente es un monstruo burocrático, con cerca de 10 direcciones generales y casi el doble de direcciones de área. Además, en el proyecto de presupuesto también se le asignan recursos del ramo 33 y del Fondo de Gastos Catastróficos. Es decir, como nunca antes en nuestro país, hoy se maneja un programa gubernamental con la discrecionalidad como éste del Seguro Popular.
Por los recursos que maneja y el número de familias involucradas, que según dicen son más de 5 millones en todo el país, es de enorme importancia la difusión amplia de sus reglas de operación para atender efectivamente a las necesidades de esta parte de la población en materia de salud, así como también es importante cumplir puntualmente con la rendición de cuentas a la sociedad y a la Cámara de Diputados. Esperemos que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión a fondo de este programa, que está llamado a ser el más importante por los recursos asignados por la actual administración federal.
Lo que resalta del planteamiento del secretario de Salud es su satisfacción con poder otorgarles recursos públicos a particulares en lugar de canalizarlos a las instituciones públicas, como debería ser. Tanto al IMSS como al ISSSTE se les está dejando sin recursos no sólo para contar con las mínimas condiciones para atender a la población del Seguro Popular, sino que no tienen los recursos suficientes para sus asegurados, como con mucha razón lo denuncia el sindicato del IMSS.
El secretario de Salud por lo visto gusta de declaraciones grandilocuentes. En la citada reunión del Consejo Nacional también dijo que buscará mecanismos para que se capacite a enfermeras y parteras que también atiendan las demandas del Seguro Popular y que buscará incentivar a los profesionales para que asistan a las áreas más alejadas.
¿Dónde quedó el programa IMSS-Solidaridad, rebautizado IMSS-Oportunidades, que supuestamente se ocupaba del sector más pobre del país? Lo están borrando de un plumazo. Por eso, afirmar que ahora el IMSS va a atender a los tarjetahabientes del Seguro Popular es una enorme irresponsabilidad, ya que no se le está proveyendo con los recursos necesarios para hacerlo.
Los funcionarios recién designados están muy contentos con comprar servicios médicos privados, tal como ya lo están haciendo desde el sexenio pasado en varios estados. Sería muy conveniente que se diera a conocer cómo están funcionando y quiénes son los beneficiados últimos de esta embestida privatizadora, pues hasta el momento no se conoce ninguna información.
La Cámara de Diputados debe ver con cuidado a quién se le otorgan estos recursos y, en el caso de que se apruebe, poner los candados necesarios para evitar desviaciones y sobre todo el enriquecimiento de unos cuantos vivales. Los diputados federales deberán dotar a las instituciones públicas de salud del país con recursos suficientes para remontar la penuria en la que se encuentran. El riesgo de continuar con el esquema planteado por los gobiernos panistas es seguir manejándolo de manera clientelar y con mínimos controles.
Hasta la fecha el Seguro Popular sigue la máxima de ser un programa rico en recursos, de servicios pobres y con resultados paupérrimos. Una vez más los que más sufren de esto son los pobres de este país.
CONCLUSIONES DE EQUIPO:La falta de insumos, equipo, infraestructura, las malas condiciones en las que labora el personal médico, así como la falta de acciones gubernamentales para abatir la crisis en la que se encuentran los servicios de salud en el país, no son una casualidad, sino una estrategia encaminada a justificar la creación del SPS y por ende, la privatización de los servicios de salud.
PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MÉXICO
En el caso de la industria eléctrica mexicana, nuestra historia está marcada por toda suerte de experiencias, desde saqueos y abusos por cuenta del capital extranjero, hasta decisiones patrióticas a favor de la nación, pasando por movimientos sociales reivindicatorios, políticas públicas contradictorias o entreguistas, una cadena de lealtades y traiciones, visiones nacionalistas e iniciativas de ley seducidas por el sueño privatizador.
La industria eléctrica en México fue fundada por el capital extranjero y su principal y único objetivo fue establecer en nuestro país un servicio moderno con fines de lucro. En el año de 1960, siendo Presidente de la República Adolfo López Mateos, se nacionalizó la industria eléctrica; con esta medida toda la industria eléctrica existente pasó a manos del Estado. No obstante esta gesta histórica, casi cuatro décadas después, el 2 de febrero de 1999, Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión, vía la Cámara de Senadores, una iniciativa de ley con proyecto de decreto para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales. Los propósitos de esta iniciativa estaban orientados a la desintegración de la industria eléctrica de nuestro país en busca de la creación de un mercado nacional, cuyo funcionamiento tendría
serios inconvenientes técnicos y económicos.
No debemos olvidar que la nacionalización de la industria eléctrica es una conquista histórica del pueblo de México, y muy especialmente de los trabajadores electricistas. Este sector ha alcanzado una alta capacidad instalada y representa uno de los sistemas eléctricos más extensos del mundo. El servicio proporcionado a los diversos sectores sociales ha significado una destacada contribución al desarrollo nacional pues la infraestructura eléctrica mexicana constituye un gran patrimonio nacional y, junto con la industria petrolera, es la base de la soberanía nacional.
A pesar de estos hechos contundentes, el afán privatizador no ceja en su empeño por repetir una historia vergonzosa.
Este esquema significa la desintegración vertical de la industria eléctrica nacionalizada, principalmente en los puntos de generación y abastecimiento, pensando que así tales actividades serían competitivas y los precios serían fijados por el mercado. Sin embargo, para ello es necesaria la presencia de un gran número de empresas que compitan entre sí con la regulación de los precios a través de un organismo regulador independiente.
La propuesta de privatización eléctrica que hoy se promueve en México es una mala copia del modelo británico, cuyo proceso fue caótico y confuso. Los neoliberales hablan del “modelo británico” y aseguran que es el ejemplo a seguir y que no existe otra alternativa, pero, ¿en qué consiste este modelo? En general se trata de la reestructuración y venta de las compañías nacionales a licitadores internacionales, pero la introducción de la competencia, que era un elemento integral del sistema británico, no forma parte de las reformas que se proponen en nuestro país. Este modelo implica una estructura desintegrada con libre competencia en generación de electricidad y ventas de servicios al por menor.
El interés por impulsar el modelo británico se sustenta en la idea de que se trató de un proceso simple y efectivo, pero esto no es así por lo siguiente: primero, el principal cambio consistía en tratar de hacer que la generación de electricidad y su venta fueran mercados competitivos, si ello tenía éxito significaba que no habría necesidad de una regulación de rutina. Y segundo, la instancia reguladora nunca ha sido independiente del gobierno.
En la práctica, la competencia en México se reduciría a unas cuantas empresas grandes de generación que monopolizarían el mercado e impondrían sus condiciones. La soberanía nacional sería afectada gravemente, pues el capital participante sería principalmente foráneo, pasando así la industria nacionalizada a manos extranjeras. Negarse a ver los hechos e ignorar nuestra historia nos condena, sin duda, a repetirla.
La industria eléctrica en México fue fundada por el capital extranjero y su principal y único objetivo fue establecer en nuestro país un servicio moderno con fines de lucro. En el año de 1960, siendo Presidente de la República Adolfo López Mateos, se nacionalizó la industria eléctrica; con esta medida toda la industria eléctrica existente pasó a manos del Estado. No obstante esta gesta histórica, casi cuatro décadas después, el 2 de febrero de 1999, Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión, vía la Cámara de Senadores, una iniciativa de ley con proyecto de decreto para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales. Los propósitos de esta iniciativa estaban orientados a la desintegración de la industria eléctrica de nuestro país en busca de la creación de un mercado nacional, cuyo funcionamiento tendría
serios inconvenientes técnicos y económicos.
No debemos olvidar que la nacionalización de la industria eléctrica es una conquista histórica del pueblo de México, y muy especialmente de los trabajadores electricistas. Este sector ha alcanzado una alta capacidad instalada y representa uno de los sistemas eléctricos más extensos del mundo. El servicio proporcionado a los diversos sectores sociales ha significado una destacada contribución al desarrollo nacional pues la infraestructura eléctrica mexicana constituye un gran patrimonio nacional y, junto con la industria petrolera, es la base de la soberanía nacional.
A pesar de estos hechos contundentes, el afán privatizador no ceja en su empeño por repetir una historia vergonzosa.
Este esquema significa la desintegración vertical de la industria eléctrica nacionalizada, principalmente en los puntos de generación y abastecimiento, pensando que así tales actividades serían competitivas y los precios serían fijados por el mercado. Sin embargo, para ello es necesaria la presencia de un gran número de empresas que compitan entre sí con la regulación de los precios a través de un organismo regulador independiente.
La propuesta de privatización eléctrica que hoy se promueve en México es una mala copia del modelo británico, cuyo proceso fue caótico y confuso. Los neoliberales hablan del “modelo británico” y aseguran que es el ejemplo a seguir y que no existe otra alternativa, pero, ¿en qué consiste este modelo? En general se trata de la reestructuración y venta de las compañías nacionales a licitadores internacionales, pero la introducción de la competencia, que era un elemento integral del sistema británico, no forma parte de las reformas que se proponen en nuestro país. Este modelo implica una estructura desintegrada con libre competencia en generación de electricidad y ventas de servicios al por menor.
El interés por impulsar el modelo británico se sustenta en la idea de que se trató de un proceso simple y efectivo, pero esto no es así por lo siguiente: primero, el principal cambio consistía en tratar de hacer que la generación de electricidad y su venta fueran mercados competitivos, si ello tenía éxito significaba que no habría necesidad de una regulación de rutina. Y segundo, la instancia reguladora nunca ha sido independiente del gobierno.
En la práctica, la competencia en México se reduciría a unas cuantas empresas grandes de generación que monopolizarían el mercado e impondrían sus condiciones. La soberanía nacional sería afectada gravemente, pues el capital participante sería principalmente foráneo, pasando así la industria nacionalizada a manos extranjeras. Negarse a ver los hechos e ignorar nuestra historia nos condena, sin duda, a repetirla.
CONCLUSIÓN DE EQUIPO: La intención de querer privatizar la industria eléctrica surgió desde que esta fue creada, ya que fue instaurada con capital extranjero, pero gracias ala participación de trabajadores electrisistas se pudo nacionalizar. Ahora de nueva cuenta se quiere privatizar la industria eléctrica tratando de monopolizar nuestro patrimonio….
Ya no se trata tanto, entonces, de pelear al gran capital alguno de nuestros recursos, si no de dar la gran lucha por nuestro país, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por poder tomar nuestras propias decisiones y ver por nuestra sociedad; en fin, por Nuestra Nación.
Ya no se trata tanto, entonces, de pelear al gran capital alguno de nuestros recursos, si no de dar la gran lucha por nuestro país, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por poder tomar nuestras propias decisiones y ver por nuestra sociedad; en fin, por Nuestra Nación.
REFORMA FISCAL
La reforma fiscal es el resultado de las modificaciones que el H. Congreso de la Unión hace a las diferentes leyes fiscales. Seleccione el año de su interés para conocer los aspectos relevantes de ese ejercicio y la comparación entre los textos de la nueva ley y la anterior (confronta), así como preguntas y respuestas frecuentes.
Disposiciones aplicables para 2009
Las disposiciones aplicables para 2009 son resultado del intercambio legislativo que el H. Congreso de la Unión hace a ordenamientos fiscales aplicables para 2009, mismos que se dan a conocer en el Diario Oficial de la Federación.
Legislación fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal.(Publicado en el DOF del 31 de diciembre de 2008)
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.(Publicad
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.(Publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2008)o en el DOF el 28 de noviembre de 2008
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009(Publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2008).
Disposiciones aplicables para 2009
Las disposiciones aplicables para 2009 son resultado del intercambio legislativo que el H. Congreso de la Unión hace a ordenamientos fiscales aplicables para 2009, mismos que se dan a conocer en el Diario Oficial de la Federación.
Legislación fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal.(Publicado en el DOF del 31 de diciembre de 2008)
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.(Publicad
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.(Publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2008)o en el DOF el 28 de noviembre de 2008
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009(Publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2008).
CONCLUSIONES DE EQUIPO: Una Reforma fiscal se puede aplicar a muchos sentidos, bajar o subir impuestos a determinados productos, o la variación de la tasa de un determinado impuesto como por ejemplo el IVA, los beneficios son para el estado que recauda mas.
APERTURA COMERCIAL
La protección comercial, que caracterizó el período de desarrollo "vía sustitución de importaciones", generó una producción de baja calidad, ya que el mercado estaba cautivo y las importaciones restringidas; y limitó la eficiencia económica y las innovaciones tecnológicas. Las limitaciones mencionadas se fueron eliminando con la apertura comercial, que en nuestro país inicia con el ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986; y continúa con la firma del Acuerdo de Complementación Económica México-Chile en 1992; la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC) con Estados Unidos de América y Canadá en 1993, que entró en vigor en 1994; la firma de Acuerdos Comerciales con el Grupo de los Tres (Colombia-México-Venezuela) en 1995; la firma del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica en 1995; la firma del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua (1988); la firma de Acuerdos Comerciales con Guatemala y Honduras; y los posibles Acuerdos o Tratados Comerciales con el MERCOSUR y la Unión Europea. Lo anterior refleja que el proceso de apertura comercial o del mercado en México es irreversible y se desprende la necesidad de prepararnos para enfrentar los nuevos retos.
El proceso de Apertura Comercial, también se ha caracterizado para la transformación de las barreras no arancelarias (cuotas, permisos, etc.) en arancelarias (tarifas y aranceles), la reducción y eliminación de los aranceles, y la clasificación y control de la prácticas desleales. Los objetivos de la apertura comercial son el mayor acceso a mercados, el control de las salvaguardas y prácticas desleales, y aprovechar las preferencias arancelarias.
La ventaja principal de la apertura comercial o de mercados es el incremento en número y amplitud de los mercados para los productos mexicanos. La integración de los mercados, que es parte de la apertura comercial, agudiza la competencia entre los productores, de aquí se desprende que los productores mexicanos deben buscar una mayor eficiencia en la producción y comercialización, lo que traería aparejado una mayor productividad y competitividad.
En nuestro país, la estrategia neoliberal se ha propuesto para elevar la eficiencia competitiva de la industria nacional e impulsar las exportaciones manufactureras. La forma de lograrlo ha sido a través de la apertura comercial, presionando así a la industria nacional a elevar su eficiencia competitiva, brindándole facilidades para importar insumos y tecnología, necesarios para la modernización productiva. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el modelo. La precipitada apertura comercial hizo que numerosas industrias que producen sólo para el mercado interno, vieran deterioradas sus posibilidades de crecimiento y aún de sobrevivencia, al enfrentarse con mercancías importadas ante las cuales están en franca desventaja. La clave para el sector industrial bajo esta política es lograr la “competitividad” a través de la productividad y la eficiencia.
En este sentido, pareciera que el modelo neoliberal tiene un carácter excluyente respecto a la mayoría de los empresarios mexicanos, toda vez que, la apertura comercial, el desmantelamiento de los programas de fomento, el encarecimiento y escaseamiento del crédito, etc. así como el crecimiento de las carteras vencidas de la banca comercial, nos muestran la difícil situación por la que atraviesan numerosos empresarios. Bajo esta perspectiva, algunas regiones del país han podido adaptarse a los requerimientos generales del modelo, a diferencia de otras regiones como Oaxaca, que se encuentran rezagadas en su participación, siendo muy posible que este rezago se ensanche en un futuro de no mediar una eficiente política de integración. Las causas de este rezago se han buscado tanto en factores internos como externos, y el impacto que éstos han tenido en la sociedad oaxaqueña; sin embargo, además del nivel explicativo general, se requiere de un análisis específico; es decir, es necesario entender la percepción, las actitudes, comportamientos, motivaciones y valores que manifiesta el sector más dinámico de la economía - los empresarios -, en relación al modelo de desarrollo.
LOS ACUERDOS REGIONALES Y MULTINACIONALES
La experiencia de casi una década de apertura y el proceso de recomposición de la economía mundial condujeron a un ambicioso programa de negociaciones con los principales socios comerciales de México. En abril de 1990, el Senado de la República convocó a un Foro Nacional de Consulta sobre las relaciones comerciales de México con el mundo. Ahí se recomendó una estrategia de negociaciones múltiples como el mejor camino para afrontar los retos de la globalización económica. A partir de ahí se inició un intenso proceso de negociaciones, de las cuales las más relevantes fueron las relativas al TLCAN. Si bien son de sobra conocidas las razones por las que México decidió integrarse a sus vecinos de Norteamérica, cabe mencionar las siguientes: la histórica concentración del origen y destino del intercambio comercial de México y de la procedencia de la inversión extranjera, así como de las ventajas derivadas de los costos de transporte y comunicaciones.
En la actualidad México tiene signados acuerdos con Chile, Estados Unidos y Canadá, con Colombia y Venezuela (con los que conforma el Grupo de los Tres), con Costa Rica y Bolivia, así como un Acuerdo Marco Multilateral con América Central. En 1994 se concluyó el proceso de adhesión de México como miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se han estrechado relaciones con diversos países de la Cuenca del Pacífico. Cabe recordar que con anterioridad a esta etapa México pertenecía a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) desde 1960, en 1975 firmó un Acuerdo de Cooperación Comercial con la Comunidad Económica Europea y en 1990 suscribió el Acuerdo Marco de Cooperación México-Comunidad Europea.
El proceso de Apertura Comercial, también se ha caracterizado para la transformación de las barreras no arancelarias (cuotas, permisos, etc.) en arancelarias (tarifas y aranceles), la reducción y eliminación de los aranceles, y la clasificación y control de la prácticas desleales. Los objetivos de la apertura comercial son el mayor acceso a mercados, el control de las salvaguardas y prácticas desleales, y aprovechar las preferencias arancelarias.
La ventaja principal de la apertura comercial o de mercados es el incremento en número y amplitud de los mercados para los productos mexicanos. La integración de los mercados, que es parte de la apertura comercial, agudiza la competencia entre los productores, de aquí se desprende que los productores mexicanos deben buscar una mayor eficiencia en la producción y comercialización, lo que traería aparejado una mayor productividad y competitividad.
En nuestro país, la estrategia neoliberal se ha propuesto para elevar la eficiencia competitiva de la industria nacional e impulsar las exportaciones manufactureras. La forma de lograrlo ha sido a través de la apertura comercial, presionando así a la industria nacional a elevar su eficiencia competitiva, brindándole facilidades para importar insumos y tecnología, necesarios para la modernización productiva. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el modelo. La precipitada apertura comercial hizo que numerosas industrias que producen sólo para el mercado interno, vieran deterioradas sus posibilidades de crecimiento y aún de sobrevivencia, al enfrentarse con mercancías importadas ante las cuales están en franca desventaja. La clave para el sector industrial bajo esta política es lograr la “competitividad” a través de la productividad y la eficiencia.
En este sentido, pareciera que el modelo neoliberal tiene un carácter excluyente respecto a la mayoría de los empresarios mexicanos, toda vez que, la apertura comercial, el desmantelamiento de los programas de fomento, el encarecimiento y escaseamiento del crédito, etc. así como el crecimiento de las carteras vencidas de la banca comercial, nos muestran la difícil situación por la que atraviesan numerosos empresarios. Bajo esta perspectiva, algunas regiones del país han podido adaptarse a los requerimientos generales del modelo, a diferencia de otras regiones como Oaxaca, que se encuentran rezagadas en su participación, siendo muy posible que este rezago se ensanche en un futuro de no mediar una eficiente política de integración. Las causas de este rezago se han buscado tanto en factores internos como externos, y el impacto que éstos han tenido en la sociedad oaxaqueña; sin embargo, además del nivel explicativo general, se requiere de un análisis específico; es decir, es necesario entender la percepción, las actitudes, comportamientos, motivaciones y valores que manifiesta el sector más dinámico de la economía - los empresarios -, en relación al modelo de desarrollo.
LOS ACUERDOS REGIONALES Y MULTINACIONALES
La experiencia de casi una década de apertura y el proceso de recomposición de la economía mundial condujeron a un ambicioso programa de negociaciones con los principales socios comerciales de México. En abril de 1990, el Senado de la República convocó a un Foro Nacional de Consulta sobre las relaciones comerciales de México con el mundo. Ahí se recomendó una estrategia de negociaciones múltiples como el mejor camino para afrontar los retos de la globalización económica. A partir de ahí se inició un intenso proceso de negociaciones, de las cuales las más relevantes fueron las relativas al TLCAN. Si bien son de sobra conocidas las razones por las que México decidió integrarse a sus vecinos de Norteamérica, cabe mencionar las siguientes: la histórica concentración del origen y destino del intercambio comercial de México y de la procedencia de la inversión extranjera, así como de las ventajas derivadas de los costos de transporte y comunicaciones.
En la actualidad México tiene signados acuerdos con Chile, Estados Unidos y Canadá, con Colombia y Venezuela (con los que conforma el Grupo de los Tres), con Costa Rica y Bolivia, así como un Acuerdo Marco Multilateral con América Central. En 1994 se concluyó el proceso de adhesión de México como miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se han estrechado relaciones con diversos países de la Cuenca del Pacífico. Cabe recordar que con anterioridad a esta etapa México pertenecía a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) desde 1960, en 1975 firmó un Acuerdo de Cooperación Comercial con la Comunidad Económica Europea y en 1990 suscribió el Acuerdo Marco de Cooperación México-Comunidad Europea.
CONCLUSION DE EQUIPO: La apertura comercial en sus inicios no tuvo como objetivo el cambio tecnológico, en nuestro país se ha creado esta apertura comercial con el único fin de que México crezca en lo que se refiere al mercado nacional, utilizando las exportaciones manufacturadas, pero para que esto pueda prevalecer es necesario que nuestros industrias mexicanas deban tener un alto índice de eficiencia y productividad. Pero a pesar de ello los resultados que se buscaban con esta apertura no fueron los esperados ya que numerosas empresas solo producen para el mercado interno.
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