En la primera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud el secretario de ese sector anunció muy ufano que, "dado que la ley no lo prohíbe, una de las principales herramientas del sexenio será ampliar la cobertura del Seguro Popular a través de la contratación de servicios médicos en las zonas de más alta marginación donde no existe infraestructura del sector salud".
Por lo visto es verdaderamente lamentable el desconocimiento que también este secretario de Salud tiene de la realidad de nuestro país y que, de una manera burda, trate de subvencionar a los hospitales privados y genere la expectativa de que cualquiera, quién sabe con qué requisitos, puede abrir un comercio para atender a los que menos tienen, sobre todo en las zonas más pobres y marginadas.
Han sido muchos especialistas en el tema quienes han denunciado que el Seguro Popular vulnera al sistema de salud del Estado, el cual ha costado muchos años de esfuerzos para desarrollarlo. A partir del sexenio pasado, con la propuesta clara de que no creciera, se le empezó a limitar recursos, sobre todo al IMSS y al ISSSTE, para de esta manera dar rienda suelta al financiamiento privado de la salud.
El programa del Seguro Popular, que en la propuesta del Ejecutivo en el ramo 12 crece más de 20%, en caso de aprobarse manejará más de 60% del presupuesto de la Secretaría de Salud y actualmente es un monstruo burocrático, con cerca de 10 direcciones generales y casi el doble de direcciones de área. Además, en el proyecto de presupuesto también se le asignan recursos del ramo 33 y del Fondo de Gastos Catastróficos. Es decir, como nunca antes en nuestro país, hoy se maneja un programa gubernamental con la discrecionalidad como éste del Seguro Popular.
Por los recursos que maneja y el número de familias involucradas, que según dicen son más de 5 millones en todo el país, es de enorme importancia la difusión amplia de sus reglas de operación para atender efectivamente a las necesidades de esta parte de la población en materia de salud, así como también es importante cumplir puntualmente con la rendición de cuentas a la sociedad y a la Cámara de Diputados. Esperemos que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión a fondo de este programa, que está llamado a ser el más importante por los recursos asignados por la actual administración federal.
Lo que resalta del planteamiento del secretario de Salud es su satisfacción con poder otorgarles recursos públicos a particulares en lugar de canalizarlos a las instituciones públicas, como debería ser. Tanto al IMSS como al ISSSTE se les está dejando sin recursos no sólo para contar con las mínimas condiciones para atender a la población del Seguro Popular, sino que no tienen los recursos suficientes para sus asegurados, como con mucha razón lo denuncia el sindicato del IMSS.
El secretario de Salud por lo visto gusta de declaraciones grandilocuentes. En la citada reunión del Consejo Nacional también dijo que buscará mecanismos para que se capacite a enfermeras y parteras que también atiendan las demandas del Seguro Popular y que buscará incentivar a los profesionales para que asistan a las áreas más alejadas.
¿Dónde quedó el programa IMSS-Solidaridad, rebautizado IMSS-Oportunidades, que supuestamente se ocupaba del sector más pobre del país? Lo están borrando de un plumazo. Por eso, afirmar que ahora el IMSS va a atender a los tarjetahabientes del Seguro Popular es una enorme irresponsabilidad, ya que no se le está proveyendo con los recursos necesarios para hacerlo.
Los funcionarios recién designados están muy contentos con comprar servicios médicos privados, tal como ya lo están haciendo desde el sexenio pasado en varios estados. Sería muy conveniente que se diera a conocer cómo están funcionando y quiénes son los beneficiados últimos de esta embestida privatizadora, pues hasta el momento no se conoce ninguna información.
La Cámara de Diputados debe ver con cuidado a quién se le otorgan estos recursos y, en el caso de que se apruebe, poner los candados necesarios para evitar desviaciones y sobre todo el enriquecimiento de unos cuantos vivales. Los diputados federales deberán dotar a las instituciones públicas de salud del país con recursos suficientes para remontar la penuria en la que se encuentran. El riesgo de continuar con el esquema planteado por los gobiernos panistas es seguir manejándolo de manera clientelar y con mínimos controles.
Hasta la fecha el Seguro Popular sigue la máxima de ser un programa rico en recursos, de servicios pobres y con resultados paupérrimos. Una vez más los que más sufren de esto son los pobres de este país.
Por lo visto es verdaderamente lamentable el desconocimiento que también este secretario de Salud tiene de la realidad de nuestro país y que, de una manera burda, trate de subvencionar a los hospitales privados y genere la expectativa de que cualquiera, quién sabe con qué requisitos, puede abrir un comercio para atender a los que menos tienen, sobre todo en las zonas más pobres y marginadas.
Han sido muchos especialistas en el tema quienes han denunciado que el Seguro Popular vulnera al sistema de salud del Estado, el cual ha costado muchos años de esfuerzos para desarrollarlo. A partir del sexenio pasado, con la propuesta clara de que no creciera, se le empezó a limitar recursos, sobre todo al IMSS y al ISSSTE, para de esta manera dar rienda suelta al financiamiento privado de la salud.
El programa del Seguro Popular, que en la propuesta del Ejecutivo en el ramo 12 crece más de 20%, en caso de aprobarse manejará más de 60% del presupuesto de la Secretaría de Salud y actualmente es un monstruo burocrático, con cerca de 10 direcciones generales y casi el doble de direcciones de área. Además, en el proyecto de presupuesto también se le asignan recursos del ramo 33 y del Fondo de Gastos Catastróficos. Es decir, como nunca antes en nuestro país, hoy se maneja un programa gubernamental con la discrecionalidad como éste del Seguro Popular.
Por los recursos que maneja y el número de familias involucradas, que según dicen son más de 5 millones en todo el país, es de enorme importancia la difusión amplia de sus reglas de operación para atender efectivamente a las necesidades de esta parte de la población en materia de salud, así como también es importante cumplir puntualmente con la rendición de cuentas a la sociedad y a la Cámara de Diputados. Esperemos que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión a fondo de este programa, que está llamado a ser el más importante por los recursos asignados por la actual administración federal.
Lo que resalta del planteamiento del secretario de Salud es su satisfacción con poder otorgarles recursos públicos a particulares en lugar de canalizarlos a las instituciones públicas, como debería ser. Tanto al IMSS como al ISSSTE se les está dejando sin recursos no sólo para contar con las mínimas condiciones para atender a la población del Seguro Popular, sino que no tienen los recursos suficientes para sus asegurados, como con mucha razón lo denuncia el sindicato del IMSS.
El secretario de Salud por lo visto gusta de declaraciones grandilocuentes. En la citada reunión del Consejo Nacional también dijo que buscará mecanismos para que se capacite a enfermeras y parteras que también atiendan las demandas del Seguro Popular y que buscará incentivar a los profesionales para que asistan a las áreas más alejadas.
¿Dónde quedó el programa IMSS-Solidaridad, rebautizado IMSS-Oportunidades, que supuestamente se ocupaba del sector más pobre del país? Lo están borrando de un plumazo. Por eso, afirmar que ahora el IMSS va a atender a los tarjetahabientes del Seguro Popular es una enorme irresponsabilidad, ya que no se le está proveyendo con los recursos necesarios para hacerlo.
Los funcionarios recién designados están muy contentos con comprar servicios médicos privados, tal como ya lo están haciendo desde el sexenio pasado en varios estados. Sería muy conveniente que se diera a conocer cómo están funcionando y quiénes son los beneficiados últimos de esta embestida privatizadora, pues hasta el momento no se conoce ninguna información.
La Cámara de Diputados debe ver con cuidado a quién se le otorgan estos recursos y, en el caso de que se apruebe, poner los candados necesarios para evitar desviaciones y sobre todo el enriquecimiento de unos cuantos vivales. Los diputados federales deberán dotar a las instituciones públicas de salud del país con recursos suficientes para remontar la penuria en la que se encuentran. El riesgo de continuar con el esquema planteado por los gobiernos panistas es seguir manejándolo de manera clientelar y con mínimos controles.
Hasta la fecha el Seguro Popular sigue la máxima de ser un programa rico en recursos, de servicios pobres y con resultados paupérrimos. Una vez más los que más sufren de esto son los pobres de este país.
CONCLUSIONES DE EQUIPO:La falta de insumos, equipo, infraestructura, las malas condiciones en las que labora el personal médico, así como la falta de acciones gubernamentales para abatir la crisis en la que se encuentran los servicios de salud en el país, no son una casualidad, sino una estrategia encaminada a justificar la creación del SPS y por ende, la privatización de los servicios de salud.
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